El pasado 25 de Enero, se sancionó la Ley 2197 de 2022, mediante la cual se fortalece la seguridad ciudadana, con el propósito de evitar que nuevamente se presenten graves afectaciones a los derechos de las personas, como sucedió en las marchas que se registraron el año anterior, hechos que fueron producto de las graves e inminentes alteraciones contra la seguridad y la convivencia ciudadana por parte de grupos focalizados que se camuflaron en las marchas pacíficas, con el objetivo de agredir a la Fuerza Pública y en algunos casos aprovecharse de la situación para obtener un beneficio propio.
De esta manera, la presente ley protege la propiedad privada y la manera en la que los ciudadanos podrán defenderla de ataques violentos, creándose la figura de “Legítima defensa privilegiada” que aplica cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo, es decir cuando se trate de rechazar a un extraño que, usando maniobras o mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en estos espacios.
En estos casos, no habría responsabilidad penal para quien ejerza esta defensa de la propiedad privada, habida consideración la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión. Es decir, defender el lugar de residencia o el carro cuando otra persona los invada de manera violenta.
De igual manera se regula la invasión de tierras y edificaciones modificándose los eventos en los cuales concluye la acción penal contra los invasores. En este caso la Fiscalía podrá terminar el proceso penal o aplicar principios de oportunidad cuando los invasores terminen su acción, siempre y cuando haya una indemnización por los daños causados.
Así mismo, se incrementan las penas a quien asesinen un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, un menor de edad o periodista, agravándose las penas para los delitos de daño en bien ajeno, cuando se afecta la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y de policía y para el delito de instigación a delinquir cuando se realiza para cometer delitos que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad.
En otras palabras es una forma de castigar y prevenir los hechos ocurridos en las pasadas jornadas de manifestaciones, producto del descontento social por los casos de abuso policial, donde se destruyeron diversos CAIS en varias ciudades del país.
En virtud de lo anterior, la presente Ley estableció ciertos beneficios a la fuerza pública, como el acceso gratuito a los sistemas de transporte masivo, como la atención preferencial en entidades públicas y privadas, es decir brindando nuevos instrumentos jurídicos y recursos económicos con los que deben contar las autoridades para contrarrestar la delincuencia en las ciudades.
A su vez la norma incorpora la figura de la mediación policial, la cual se acogerá en comportamientos como reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas, lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas o agredir físicamente a personas por cualquier medio.
Adicionalmente esta nueva ley incluye nuevos comportamientos que colocan en riesgo la vida e integridad de las personas como son los de portar armas, elementos y dispositivos menos letales que hayan sido modificados en sus características de fabricación, origen y diseño, así como el porte de armas sin el permiso de autoridad competente cuando estas lo requieran o cuando haya perdido vigencia el permiso respectivo, al igual que portar armas bajo el influjo de sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas, o en estado de embriaguez.
De igual forma, la presente normativa permite que las cárceles de las entidades territoriales (Departamentales y municipales) puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, teniendo en cuenta las condiciones de servicio establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
De esta manera la presente ley se encarga de combatir la inseguridad que se presenta en las ciudades del territorio nacional mediante el control de las disposiciones establecidas por parte de las autoridades competentes, en especial endurece la protección que se le confiere a la Fuerza Pública y se evidencia un fortalecimiento del sistema mediante ampliación de penas de ciertos delitos para la reducción de las conductas punibles.
EDWIN RIAÑO CORTES
Magister en Derecho
Docente Universitario
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