Daniel Felipe Rueda
“Un país no logra la paz arrodillándose a los terroristas, ni entregándoles como premio la impunidad. Nuestra política es el diálogo fraterno con la ciudadanía, en lugar de premiar la violencia como mecanismo para llegar a los oídos del Estado” tuiteó el presidente Iván Duque antes de la alocución del pasado 10 de marzo, en la que en la primera parte anunció su posición con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), presentando 6 objeciones o inconveniencias a la ley estatutaria de la JEP que serán evaluadas por el Congreso de la República; sin embargo, el acto legislativo 02 de 2017 establece que todas las normas que se desarrollen “deben conservar el espíritu y los principios del acuerdo final”, y se tienen que respetar por tres períodos consecutivos.
Más allá de eso, es importante comprender que el acuerdo de paz pertenece a la Justicia transicional –que alude a los mecanismos utilizados por los países que dejan atrás los conflictos y la represión para enfrentarse a las violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticos– y es incongruente proceder con la Justicia ordinaria en este caso específico.
Desde esta lógica, el ex ministro de Justicia Yesid Reyes en el foro del documental “La negociación” –proyectado en la Universidad Externado de Colombia– precisó “la Justicia transicional está conformada por 5 componentes fundamentales: verdad, reparación a las víctimas, garantías de no repetición, causas del conflicto armado y justicia”, también señala que solo nos concentramos en el último componente –justicia–. Por su parte, sugiere que perseveremos por la implementación exitosa del proceso de paz.
No obstante, el presidente Iván Duque y su partido están en contra de los acuerdos firmados en La Habana, defendiendo la premisa “afecta a la sociedad”. Es de resaltar, que la alocución del presidente Iván Duque fortalece nuevamente la polarización dentro del país: de un lado están los que apoyan el acuerdo, y otros, lo repudian; entonces, volvemos a las raíces de la polarización del proceso de la paz, consecuencia del plebiscito de 2016.
Ante esto, es crucial tener en cuenta que para poder realizar un proceso de paz exitoso es necesario hacer un esfuerzo por dejar a un lado la dignidad; por lo tanto, debemos tener una posición dialógica frente al proceso de paz, donde entendamos la posición y la incertidumbre de la contraparte, teniendo en cuenta los componentes fundamentales de la justicia transicional, y lo necesario que es una mirada imparcial frente a un diálogo de paz.
La segunda parte de la transmisión, Duque propone un acto legislativo de reforma constitucional centrado en 3 aspectos: primero, la exclusión de los delitos sexuales en la justicia transicional, segundo, quien reincida en actividades criminales perderá los beneficios del proceso de paz, por último, “que todas las conductas delictivas después del primero de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la Justicia Ordinaria”.
Frente a la actitud del gobierno actual, sólo queda imaginar los siguientes juicios en contra la JEP y el acuerdo de paz aún vigente. Sería un error hacer trizas el acuerdo de paz y volver al pasado, como lo platean algunos partidos políticos. Aunque se proyecten impedimentos al riguroso proceso de paz, la Corte Constitucional y el Congreso tienen que reconocer el valor de la Justicia transicional en el posconflicto colombiano para la reconstrucción óptima de las víctimas.
Para concluir, el gobierno debería dar un mejor manejo al acuerdo final, dejando a un lado la dignidad, así, anteponer una posición humilde para interpretar las causas del conflicto superándolas correctamente, y más aún, seguir trabajando en su cumplimiento. En efecto, “mientras no controlemos las causas del conflicto, no habrá paz en la república”.
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