EDWIN RIAÑO CORTES
Abogado – Contador Público.
Magister en Derecho – Docente Catedrático
El más reciente crimen que tiene indignado al país obedece al estupor y el rechazo por la muerte de la pequeña Yuliana Andrea Samboní, menor de siete años acaecido en la capital del país, quien fue víctima de secuestro, tortura, violencia sexual y asesinato. Hoy la indignación, el repudio y la rabia se enfocan para que el caso no quede en la impunidad y sea tratado bajo el delito de feminicidio.
Y es que estos hechos nos hablan de una situación que acontece actualmente en nuestro país de manera más comú,n incluso de lo que se conoce en la realidad. El delito del feminicidio se ha constituido en la máxima expresión de violencia contra el sexo femenino, dirigido a una mujer por el hecho de su condición y sin importar su edad, el feminicidio no solamente es aquel delito que perpetra la pareja o expareja sobre la mujer con la que tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afectiva, sino frente a cualquier mujer por la condición de serlo.
Y es que las cifras en nuestro país según las últimas estadísticas son alarmantes, cada 30 minutos llega una mujer a Medicina Legal víctima de un delito sexual, cada 50 minutos otro denunciando violencia intrafamiliar, interponiéndose diariamente 52 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, muchos de los crímenes se mantienen en el anonimato y de paso, un gran número, en la impunidad, constituyéndose en muy mínimo el porcentaje de justicia: sólo 3 de cada 100 hechos terminan en condena, lo cual conlleva a un llamado a la justicia de nuestro país.
Lo peor en medio de este panorama de datos es que el peligro para las mujeres sigue entrando por la puerta de su casa, pues de cada 100 casos en 43 el victimario es un familiar; en 26 de cada 100, es un conocido, y en 10 de cada 100, es un amigo. Solo en 7 de cada 100, el agresor es un desconocido.
Para un crimen como el recientemente ocurrido en la capital del país, se trataría de un feminicidio agravado dada la edad de la menor y por su contexto de violencia sexual. Sin embargo, por los hechos ya conocidos hay un mayor clamor de justicia, lo cual garantiza especial atención y mayor eficiencia judicial, la necesidad real de que el sistema judicial actúe con celeridad y respetando la dignidad de los niños y si bien las disposiciones legales obligan a dar prioridad en los casos en que las víctimas sean menores, en nuestro ordenamiento legal hay normas que permiten imponer condenas de más de 50 años, que si los agresores llegaran a pagar de manera completa en prisión, bien podrían considerarse como una cadena perpetua.
Sin embargo las investigaciones por crímenes contra mujeres, la mayoría son delitos de intimidad, motivos por los cuales los funcionarios judiciales tienen una gran dificultad para recoger las pruebas, lo que conlleva que la mayoría de estos delitos queden sin una investigación pronta, implicados por vencimiento de términos y un juicio oportuno.
Con la coyuntura del crimen de Yuliana Samboní, otra víctima más aunada a los casos de Rosa Elvira Cely (Bogotá), Angela Johanna Rodríguez (Villavicencio), Laura Valentina Polo Guzmán (Ibagué), ha vuelto a florecer la indignación nacional. Tres proyectos normativos han sido radicados en el Congreso de la República buscando sanciones más fuertes para los violadores de menores. Dos de ellos como proyectos de acto legislativo para aprobar la cadena perpetua, y uno para aprobar la castración química a violadores de menores. Sin embargo de nada sirve estos delitos si a los delincuentes no se le captura, ni se les condena; las penas drásticas y altas existen en nuestro Código Penal, el problema no es el tiempo de condena a imponer a los delincuentes, el verdadero reto es que los operadores de justicia sean eficaces al momento de aplicar las penas e impartir justicia.
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